Desde el 2021, habitantes de la comunidad maya Sitilpech, asentada en el municipio de Izamal, en Yucatán, iniciaron un movimiento y un proceso legal para defender su territorio y exigir al gobierno el respeto y garantía de sus derechos, ante los daños que la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén) ocasiona con la operación de una mega granja porcícola, la cual contamina el agua, el aire y la tierra. 

La operación de esta granja, de alrededor de 50 mil cerdos, ocasiona daños que vulneran los derechos de los habitantes de Sitilpech a la salud, a vivir en un medioambiente sano, a cuidar y defender su territorio, a la participación en la toma de decisiones, así como a la libre determinación y autonomía de la que gozan al ser un pueblo originario.

Luego de alrededor de dos años de trabajo colectivo y defensa legal, la comunidad de Sitilpech logró frenar la operación de la mega granja. Sin embargo, nueve meses después de la resolución, el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, lo que permitió el reinicio de operaciones de la granja.

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En este contexto, a inicios de febrero de este año, habitantes de Sitilpech realizaron bloqueos en el pueblo y protestas pacíficas, entre las que destaca la instalación de un campamento, llamado La Esperanza, a las afueras de la granja porcina, con el fin de impedir el ingreso de camiones cargados de cerdos y alimentos procesados.

Después de 10 días de plantón, este sábado 18 de febrero a las tres de la mañana, 70 uniformados antimotines de la policía estatal de Yucatán y municipal de Izamal, entraron a Sitilpech para desmantelar el campamento y así permitir la entrada de camiones de la empresa Kekén. Incluso, en videos y fotografías que se difundieron en redes sociales se puede ver que los granaderos escoltaron el ingreso de los camiones a la granja.

Los granaderos usaron sus escudos y toletes para reprimir la protesta pacífica, al golpear a los miembros de la comunidad, incluyendo a mujeres y personas adultas mayores, sin importar que las agresiones ocurrieran frente a niños y niñas. 

La organización Kanan Derechos Humanos, que apoya a la comunidad de Sitilpech en su lucha, denunció que los policías les robaron sillas, mesas y sus teléfonos celulares, para incomunicarlos y evitar que documentaran la agresión, además de que dañaron motocicletas y vehículos. Por otro lado, algunas de las personas agredidas señalaron que, minutos antes de que la policía llegara, el pueblo se quedó sin señal de servicio telefónico e internet.

Estos hechos ponen en evidencia la complicidad que existe entre el gobierno de Yucatán y los intereses del empresariado porcícola y las agroindustrias, que crecen a costa del despojo de las tierras comunitarias y la violación a los derechos de las comunidades y sus habitantes. 

Por otro lado, es evidente que la gestión del gobernador Mauricio Vila Dosal y sus discursos de sustentabilidad están vacíos de acciones que promuevan el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho legítimos en los territorios en Yucatán y el mantenimiento de los sistemas ambientales del estado.

Sitilpech quiere fuera de su territorio a Kekén y su granja porcícola. Los habitantes no quieren en su comunidad a los casi 50 mil cerdos que se crían en ese lugar, ni la pestilencia y suciedad que causan sus desechos; no quieren poner en riesgo su salud a causa de la contaminación, quieren proteger el agua de sus cenotes y exigen que se respete su autonomía como pueblo maya.

En Harmonía nos solidarizamos con la comunidad de Sitilpech en la defensa de sus derechos y la protección de su  territorio ante la ambición corporativa, en complicidad con la prensa local y la policía, tanto de Izamal como del estado de Yucatán. 

Es importante crear consciencia sobre este problema y ayudar a las comunidades mayas a proteger su territorio, su salud y su medioambiente, así como a exigir sus derechos y defender su autonomía como pueblos originarios.

Foto de portada: Grieta.org